El gobierno de Andrés Manuel López Obrador plantea un paquete de nueve reformas al sistema de justicia mexicano, que entre los cambios más relevantes busca que los jueces y magistrados sean fiscalizados y nombrados por el Senado, además de que puedan ser juzgados penalmente si cometen actos de corrupción en tribunales especializados, y plantea la creación de un Código Penal único.
La propuesta implica una modificación de la Constitución, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, la Ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Ley orgánica del Poder Judicial, así como de otras cuatro leyes centrales en la procuración e impartición de justicia.
Los líderes parlamentarios de todos los partidos se abstuvieron de hacer comentarios hasta la presentación formal de las iniciativas, anunciada para principios de febrero.
El nuevo ordenamiento estaría apuntalado por un Código de Procedimientos Penales, que busca quitar restricciones con una reforma constitucional al arraigo, una medida de investigación que pone a un sospechoso a disposición del Ministerio Público hasta 40 días mientras se reúnen pruebas en su contra y que abre el debate sobre la presunción de inocencia de los ciudadanos.
También se propone una reorganización de la FGR, que delimite su papel ante las nuevas disposiciones sobre extinción de dominio y la Guardia Nacional, creada el año pasado. La Fiscalía podrá solicitar su propio presupuesto a la Secretaría de Hacienda, ya no según lo que estime el Ejecutivo.
El paquete legislativo ha sido presentado por el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; la secretaria de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, también nombrado durante este Gobierno.
«El modelo actual ha fracasado y nos ha llevado a un récord nada envidiable del 99% de impunidad», ha dicho Scherer, el brazo legal del presidente. «Los que roban un país podían andar en la calle y los que robaban 20 pesos pasaban su vida en la cárcel», ha agregado Gertz Manero sobre la nueva ley de justicia cívica, que enfatiza el trabajo comunitario, y los cambios para la reinserción de menores de edad que eviten la reincidencia en delitos más graves.
Las iniciativas surgieron a partir de un foro celebrado el 21 de octubre pasado y recogen lo que el Ejecutivo ha calificado como reformas urgentes. Tras pasar por comisiones y la discusión en el pleno, la nueva legislación debe aprobarse en el Senado y después pasar por la Cámara de Diputados.
(Con información de El País)
