La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó un decreto que exime a Pemex del pago de Derecho de Utilidad Compartida (DUC) durante el último trimestre de 2023, así como en enero de este año.
La condonación a la petrolera superará fácilmente los 86 mil 640 millones de pesos, debido a que Pemex ya había aportado sus pagos correspondientes al periodo octubre-diciembre de 2023, según cálculos realizados por César Augusto Rivera de Jesús, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), con base en datos del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP).
“Ahí toma relevancia el artículo cuarto del decreto que publicó Hacienda, donde se estipula que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la aplicación del decreto, ya que el SAT deberá regresarle ese dinero, así como no cobrarle lo correspondiente a enero de 2024″, dijo.
El especialista del CIEP recordó que las arcas de Hacienda recibieron 246 mil 989 millones de pesos durante 2023 por concepto del pago del DUC a una tasa de 40 por ciento, lo que representó una caída de 48 por ciento respecto a los ingresos captados en 2022.
“Además, proyectamos que para 2024, se recibirán alrededor de 213 mil 933 millones de pesos con un escenario de 54.9 dólares por barril, pero hicimos los cálculos con una tasa de DUC de 35 por ciento, y posteriormente se aprobó una reducción de este porcentaje hasta 30 por ciento, por lo que implicaría quitarle unos 25 mil millones de pesos a esta cifra, y ahora con la exención de enero de 2024, empezamos peor el año”, apuntó el investigador.
Consideró que este tipo de acciones para ayudar a Pemex son un fuerte golpe para las finanzas públicas, ya que poco a poco, se va esfumando la renta petrolera que se dio en otros años.
“Seguramente estos alivios financieros se destinarán al pago de vencimiento de la deuda que este año superan los 11 mil millones de dólares, así como aportaciones para la refinería de Dos Bocas, y quizá, hasta pagar a proveedores y contratistas, sin embargo, disminuirán los recursos destinados a la Recaudación Federal Participable, lo que significará un golpe económico para los estados”, subrayó Rivera de Jesús.
